81 CENTROS DE TODO EL PAÍS INCLUYENDO EL QUE FUNCIONA EN MIRAMAR
La medida, emanada del Ministerio de Justicia de la Nación, fue tomada argumentando una prestación deficiente de servicios y acumular cientos de empleados de gestiones anteriores. Por su parte. la Asociación de Trabajadores del Estado, (ATE) denunció gran cantidad de despidos en todo el país. “El cierre afecta a centros que se encontraban en zonas vulnerables o rurales, donde el Estado no llega“, según denunció el gremio que nuclea a los trabajadores de la administración pública nacional. El Centro que funciona en nuestra ciudad también se encuentra incluido en el listado de locales a cerrar, recibiendo los avisos de despido a través del correo electrónico del centro para posteriormente, resultar intimidados a retirar sus pertenencias antes de la llegada de personal del Ministerio para efectivizar el cierre. “Se cierra otra caja política” Así anunciaba el Ministerio el cierre de 81 de los 111 CAJ que hay en todo el país. En un comunicado, sostenía que esos centros eran “ineficientes” y que “acumulaban empleados sin demostrar resultados”. El anuncio traducía lo que ese mismo día se hizo oficial a través de la publicación de la Resolución 178/2024 del Ministerio, que con la firma del Ministro Cúneo Libarona creaba un plan de ordenamiento y mejoramiento de los CAJ. Sostiene la Resolución que los centros territoriales ya no son necesarios, gracias al avance tecnológico que permitiría acceder al “mismo servicio” de forma “totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal”. Según ATE, el cierre intempestivo de los centros deja en un limbo a las personas que atienden los abogados de los centros, con casos de violencia de género o relativos a la niñez incluidos. Advirtieron, en tanto, que “Las agendas de mediaciones que estaban llenas hasta fines de septiembre se han ido al traste, los seguimientos de casos de violencia de género se han visto truncados, las vecinas que se acercaban por casos de violación ahora se quedan sin un lugar donde acudir y muchos consultantes pierden el acceso a la psicóloga del CAJ y no podrán hablar con la trabajadora social que los asistía”. “No somos un gasto para el Estado, sino una inversión en la justicia y el bienestar de la comunidad”,
